“Gracias a la Ley 1448 de 2011, los campesinos trabajan sus tierras con apoyo del Estado y están llevando la paz a los territorios”: Alcelis Coneo Barboza
En el conversatorio Política Pública de Víctimas: Avances y Retos, desarrollado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la directora (e) de la URT insistió en que, gracias a Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, son los jueces de la República quienes, ahora, toman las decisiones en el campo colombiano y no los grupos armados ilegales.
Bogotá D.C., 2 de agosto de 2018 (@URestitucion). Para Alcelis Coneo Barboza, directora (e) de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), “la restitución es una realidad; hemos beneficiado a cerca de 39.000 víctimas de la violencia; los jueces les han entregado más de 300 mil hectáreas de tierra y nosotros hemos apoyado a estos campesinos con más de $141.000 millones para el desarrollo de ideas productivas que les han permitido mejorar sus condiciones de vida y no volver a salir de sus predios. Continuamos saldando la deuda histórica que Colombia tiene con las víctimas.”.
En el conversatorio Política Pública de Víctimas: Avances y Retos, realizado en Bogotá, la funcionaria insistió en que el regreso de las víctimas del conflicto armado a sus predios fue el primer paso de la reconciliación y la paz, en el campo colombiano. “El trabajo de las comunidades, los líderes sociales, los funcionarios, los policías y soldados ha sido vital en la recuperación de las tierras perdidas. Muchas personas dejaron el miedo y reclamaron lo que les quitaron. Entusiasmados al ver el apoyo del estado, regresaron a sus predios y los convirtieron en productivos. Tanto así que muchos de ellos han exportado lo que cultivaron a países como España, Bélgica, Japón, Estados Unidos y Australia. Actualmente, su estilo de vida es otro”.
El espacio fue planteado para generar un diálogo sobre los logros de la política pública de víctimas, en los últimos siete años, así como los desafíos que existen a tres años de cumplirse la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Según Viviana Ferro, subdirectora de la Unidad de Víctimas, la reconciliación en los territorios ha facilitado la llegada del Estado a lugares que nunca había visitado.
“Ha sido un reto monumental. Con la Ley 1448 las víctimas fueron reconocidas como tal. Además, fue creada una institucionalidad especial para las víctimas del conflicto armado, al igual que atención especial. Esta política pública, gradualmente, se ha convertido en una política de Estado, vital para el país”, indicó la funcionaria.
Fulvia Chungana, lideresa de víctimas del conflicto armado y otra de las invitadas al encuentro, dejó en claro que con el trabajo y la fortaleza de las comunidades las condiciones de vida cambiaron. “Fui víctima de violencia sexual. Pero esta situación la convertí en una plataforma para ayudar a más mujeres que sufrieron lo mismo o que perdieron su bienestar como consecuencia del conflicto. Nos dimos cuenta de que tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida”.
Maria Emma Wills, asesora del Centro Nacional de Memoria Histórica, afirmó que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha facilitado la recopilación de información, acerca de lo sucedido en el campo colombiano, y ha permitido que sea puesta en conocimiento de los investigadores, de los ciudadanos en general y de los interesados en el tema. “El país merece una oportunidad de paz. Lo estaba reclamando. Contar la historia de quienes enfrentaron la violencia es una manera de relacionarse con los ciudadanos. Y el Estado trabaja, a diario, por este objetivo. Actuamos en los territorios y defendemos la pluralidad”.
Camilo Leguízamo, coordinador del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas, de la OIM, aseguró que, para la Cooperación Internacional, ha sido reconfortante trabajar por el bienestar de las víctimas del conflicto armado. “El compromiso con las víctimas es el eje moral de las acciones del Estado. En Colombia, los avances en el trabajo por los campesinos han sido importante. Y, para nosotros, ha sido un reto inmenso. La OIM ha apoyado al Gobierno nacional en la implementación de la política pública de víctimas”.
“El proceso de paz nos ayudó mucho; logramos ampliar nuestra intervención. Entramos a sitios como La Macarena y Mapiripán, en Meta; y a La Hormiga, en Putumayo. Nos quedan zonas duras para trabajar como Urabá, el sur de Córdoba, el Pacífico nariñense y el Catatumbo. Hay que seguir haciendo un esfuerzo institucional y la ruta está construida para seguir avanzando. Estas son metas bien importantes, para los años venideros”, recalcó la directora de la URT.
Al finalizar el encuentro, los asistentes coincidieron en que, desde estos espacios, los representantes de las víctimas del conflicto, de las entidades públicas y de la cooperación internacional aportan en el avance de la política de atención y reparación integral a las víctimas.
Fecha: jueves 2 de agosto 2018
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas