Diferentes entidades y personas hablaron, en Tunja, sobre las dificultades enfrentadas por los pequeños propietarios de predios. “En Colombia, el catastro y el registro no se hablan”, aseguró el Supernotariado.
Tunja, 14 de agosto de 2018. Con un llamado a la articulación de esfuerzos interinstitucionales y al establecimiento de caminos expeditos, conducentes a que los campesinos colombianos legalicen sus predios y accedan a las políticas económicas establecidas por el Gobierno Nacional, se desarrolló el Foro ‘Procesos agrarios de saneamiento y titulación de la pequeña propiedad. Estado del arte, prospección y retos’.
En este escenario, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) habló de la desactualización catastral y la falsa tradición como los principales problemas asociados a las tierras en Colombia.
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 731 municipios colombianos (65 %) tienen desactualizado el catastro urbano, mientras que 662 (59 %) tienen desactualizado su catastro rural.
“En cuanto a la falsa tradición, las cifras no son más alentadoras. Hemos identificado 615.800 predios que presentan falsa tradición en su historia jurídica. Esto es el 4.1 % de los predios con folio de matrícula inmobiliaria”, afirmó el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa.
El departamento con mayor índice de falsa tradición es Boyacá, con 181.189 predios (21 %). “Cuando llegué a la Superintendencia, me dijeron: ‘Mire hacia Boyacá; mire cómo vamos a resolver este problema a los campesinos’”, aseguró.
Según la SNR, en este ranking también se encuentran Nariño, con 69.326 predios en falsa tradición (13 %); Cundinamarca, con 85.595 (8 %); y Santander, con 44.530 (6 %). Adicional a ello, la entidad estima que 1.428.000 datos de falsa tradición existen en los 89.900 libros del antiguo sistema de registro. Cada dato corresponde a un terreno.
“No es una discusión menor. Es una discusión legal, que tiene todo que ver con la realidad. El problema de la tierra es un problema grave, que se debe resolver. A este asunto hay que ponerle rostro humano. Hay campesinos a los que se les va a arreglar la vida. En el caso de Boyacá, generará mucho desarrollo, si se resuelve”, expresó el gobernador del Departamento, Carlos Andrés Amaya.
Su voz se sumó a la de diferentes entidades y personas, como la directora (E) de la Unidad de Restitución de Tierras, Alcelis Coneo, quien destacó algunos avances, sin desconocer la complejidad del panorama.
“La curva de aprendizaje que hemos logrado con los jueces de tierras debe aprovecharse. Hoy tenemos un panorama igual de complejo que hace siete años, pero hemos avanzado para entender mejor cómo devolverles la tierra a las víctimas”, enfatizó.
Soluciones de fondo
“En Colombia, el catastro y el registro no se hablan. Si no creamos un sistema único de información en tierras, no podremos tratar adecuadamente el asunto”, manifestó Mesa.
La solución, insistió, radica en fortalecer la articulación interinstitucional. “Cuando todos nos unimos, se consiguen resultados extraordinarios. Tenemos una oportunidad histórica: aprovechar el Decreto Ley 902 de 2017, el cual establece las medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integral en materia de acceso y formalización de tierras. Es un tema de unión de todo el país frente al saneamiento de la propiedad”, dijo.
El Superintendente también hizo referencia a las dificultades derivadas de la lectura de la jurisprudencia para la determinación de baldíos. A su juicio, la interpretación de estas normas ha generado un choque de trenes entre la jurisdicción civil agraria y la constitucional administrativa, situación que dilata la formalización de la propiedad rural.
“Se hace necesario que el legislador zanje la discusión y se eliminen las presunciones de baldíos, para que la propiedad se pruebe como lo establece el Código Civil, esto es, con el título y el modo o con los títulos originarios que no hayan perdido su eficacia legal”, concluyó.
En la actualidad, se presume la propiedad privada sobre los inmuebles que en el registro inmobiliario tengan inscritos derechos reales, a los que se les haya dado tratamiento público de propiedad privada y los que se encuentren poseídos por particulares.
Fecha: martes 14 de agosto 2018
Fuente: Prensa SNR