Se trata del tercero de cinco ejercicios que se realizarán este año en Meta y Guaviare, con el propósito de incentivar la permanencia en el campo, fortalecer el tejido social y revivir la esperanza en la reparación integral de las víctimas del despojo y/o abandono forzado de tierras.

Es necesario aclarar a la comunidad que la restitución es un derecho fundamental de las víctimas, por lo que nadie está autorizado a recibir dinero para realizar trámites en nombre de la entidad.

En este municipio del nuevo Corredor de la Vida se desarrolló dicho evento, parte de la estrategia de la URT para el fortalecimiento integral del proceso de restitución de tierras, en especial para el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Milena Muñoz vivió desesperanza e incertidumbre en 1993 y 1994, cuando su familia fue forzada a abandonar su predio en dicho municipio. Después de tres décadas de desplazamiento y lucha, el sueño de regresar a su tierra natal finalmente se hizo realidad gracias a la URT.

Defensores de derechos humanos, provenientes de 15 municipios guajiros, conocieron el proceso de atención a los terceros intervinientes con interés en predios solicitados en restitución de tierras.

A finales del 2022, estas familias pudieron regresar a El Topacio, una parcelación en la vereda El Porvenir, dentro del área de explotación minera.

Se trata de dos historias de vida en dos predios, ubicados en las zonas rurales de Cúcuta y El Zulia. Las beneficiarias acaban de recibir, por parte de la URT, las resoluciones de dispersión de recursos económicos que les permitirán dar apertura a sus proyectos productivos.

Se desarrolló en el municipio de San Luis de Gaceno y contó con la participación de integrantes de la asociación Codebag, que tiene procesos sociales en Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare y Magdalena.

Los municipios de El Tablón de Gómez y San Bernardo celebraron la inauguración de planes de negocio que incluyen venta de víveres, droguerías y tiendas de ropa, liderados por beneficiarios de la URT.

En los últimos 20 meses, la Dirección Territorial Putumayo ha garantizado y acompañado la implementación de 20 proyectos productivos urbanos, que suman un presupuesto de $622 millones de pesos.

De estos casos, 751 cuentan con sentencia proferida, con un equivalente a 4.887 hectáreas restituidas en el departamento. Así mismo, se han realizado 10.246 inscripciones en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

Este proceso busca devolver a la comunidad Embera Dobidá el control sobre su territorio ancestral, compuesto por 8.949 hectáreas más 560 metros cuadrados, donde habitan 217 personas de 42 familias, afectadas por la violencia de grupos armados al margen de la ley.

A través de la suscripción de un memorando de entendimiento interinstitucional, ambas partes se comprometieron a realizar acciones conjuntas en beneficio de las víctimas en este departamento.

En el municipio de Puerto Wilches (Santander), 48 familias campesinas vieron sus sueños rotos por el desplazamiento forzado. Su arraigo profundo con la tierra fue interrumpido por la violencia, pero nunca cejaron en su empeño de volver. Hoy avanza su solicitud ante la URT.

El Tribunal Superior de Bogotá declaró a la familia reclamante del predio ‘Las Lomitas’, ubicado en la inspección La Cooperativa, como víctima de despojo de tierras y ordenó la restitución de la propiedad. Entre tanto, el opositor no demostró la buena fe exenta de culpa.

Durante el acto en que se suscribió este acuerdo, la secretaria general Jaqueline Campos aseguró que “la restitución es posible si todas las entidades comprometidas cumplimos”.

Las cercas eléctricas para la seguridad de su finca, así como el funcionamiento de la pica pasto, de la pica maíz y la energía para su vivienda, son extraídas de paneles solares que le otorgó la Unidad de Restitución de Tierras, en cumplimiento de una sentencia judicial.

La directora territorial de la URT Bogotá, Martha Liliana Arévalo, lideró esta mesa en la isla para identificar estrategias de reubicación voluntaria, que protejan los derechos de las víctimas de despojo y/o abandono forzado.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó compensar a una familia desplazada  por los paramilitares, mientras que el actual residente fue declarado segundo ocupante y tiene derecho a continuar en el predio urbano de 274 metros cuadrados.

La historia de estos santandereanos, desde el despojo que sufrieron hasta la creación de su propio chocolate artesanal, es un testimonio de cómo la confianza y el trabajo pueden transformar el dolor de la desesperanza en una nueva vida llena de posibilidades.