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null El 2023, un año que arroja balance positivo para la URT Cesar, La Guajira

En este año, la entidad gestionó cifras históricas de sentencias favorables a las víctimas en la guajira. se destaca un notable avance en restitución de derechos territoriales de pueblos afros y comunidades indígenas con presencia en ambos departamentos, mayor despliegue en los territorios, articulación efectiva con organizaciones campesinas y entidades e impulsos procesales.

En este año, la entidad gestionó cifras históricas de sentencias favorables a las víctimas en La Guajira. Se destaca un notable avance en restitución de derechos territoriales de pueblos afros y comunidades indígenas con presencia en ambos departamentos, mayor despliegue en los territorios, articulación efectiva con organizaciones campesinas y entidades e impulsos procesales.

 

Valledupar, 05 de diciembre de 2023 (@urestitucion). Desde la llegada del presidente Gustavo Petro, se dio un giro significativo en la gestión de la unidad de restitución de tierras en cesar y la guajira, que dejó atrás el alto porcentaje solicitudes de fondo negadas de fondo a campesinos víctimas del conflicto armado de ambos departamentos, el cual históricamente era de un 70%

En el año 2023, la URT en Cesar y La Guajira cierra con un 75% de decisiones de fondo favorables a los intereses de las víctimas en su necesidad de restitución y las estadísticas refuerzan los propósitos del gobierno del cambio en la búsqueda de la paz total en los territorios.

Nueva cara de la restitución en Cesar y La Guajira

En tan solo once meses de gestión se han proferido catorce sentencias que restituyen a las víctimas, incluyendo una emblemática como es la entrega material al pueblo Kogui de la Comunidad Tugeka en la Sierra Nevada de Santa Marta (jurisdicción rural de Dibulla). esta cifra contrasta con la de 2022, año en el que se profirieron dos sentencias favorables a las víctimas, cifra que incluso se mantuvo por más de una década, antes de la llegada de este Gobierno.

La directora territorial de la URT, Astrid Navarro Rodríguez, ha trabajado insistentemente para que desde el área jurídica se den los llamados impulsos procesales orientados a los juzgados y tribunales de restitución, acción que por medio de memoriales mueve, por ejemplo, casos de vulneración y despojo colectivo de tierras a campesinos de Dibulla y otras zonas de departamento, como El Salao, La Eudomenia y Santa Rita, por citar tres de los casos de mayor impacto.

“Hemos logrado un notable avance gracias al trabajo de nuestros equipos, pero también, por esa nueva dinámica de atención que nos ha volcado a socializar constantemente las rutas y la oferta de servicios en los territorios. son jornadas permanentes en los municipios. en conjunto con otras entidades del SNARIV, nos articulamos con organizaciones de campesinos y mejoramos los canales de atención y comunicación con los reclamantes y beneficiarios restituidos”, afirmó la directora territorial, Astrid Navarro Rodríguez.

La directiva de la URT agregó que entre los más significativos logros en sus 11 meses de gestión, se cuenta el avance en la ruta colectiva, a partir del trabajo de los equipos de la dirección de asuntos étnicos (DAE) con los consejos comunitarios afros y pueblos indígenas de cesar y la guajira.

“Antes de finalizar el año 2023 podemos presentar siete demandas de restitución de derechos territoriales en ambos departamentos. lo haremos con consejos afros en Chimichagua, Dibulla y Fonseca, así como en una buena cantidad de resguardos, sobre todo en la guajira, gracias a la eficiente articulación con autoridades del pueblo Wayúu”, señaló la directora territorial.

Principales apuestas para 2024

avanzar sin vacilación, en el marco de la ley, es la consigna de la URT cesar, la guajira, para ello, como apuesta para la futura vigencia, se propone analizar con intención de revocatoria a los procesos con decisión de no inscripción en parcelaciones en los dos departamentos, de modo que se pueda avanzar en la implementación de la ruta campesina, estrategia central de la entidad y del Ministerio de Agricultura.

De igual manera, entre las acciones a desarrollar está darle prioridad a los casos emblemáticos con incidencia en el corredor minero, donde hubo despojo y violencia y las tierras son ocupadas por intereses de las empresas carboníferas, como las parcelaciones de Mechoacan y El Prado en la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

“En la etapa judicial continuaremos impulsando los procesos para buscar la celeridad de los fallos, y en el posfallo, mejoraremos la articulación del grupo fondo con las entidades del SNARIV. en lo relacionado con proyectos productivos vamos a continuar con las jornadas de intercambio de saberes en alianza con otras entidades, universidades y con el SENA. en cuanto al tema étnico, son prioridad para la territorial, los pueblos Kankuamo y Wiwa, comunidades con las que se presentarán demandas de restitución de derechos territoriales, así como también es nuestro interés avanzar con la caracterización de afectaciones territoriales junto al pueblo Arhuaco”, concluyó Navarro Rodríguez.