A la fecha, ya son más de 1.400 decisiones adoptadas por los jueces de tierras que benefician a los 23 municipios de esta región antioqueña, en el pasado una de las más afectadas por el conflicto armado.
Medellín, 12 de abril de 2024. La Dirección Territorial Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras continúa aportando a la transformación territorial del Oriente Antioqueño, gracias a las entregas materiales de predios a sus legítimos dueños, que tendrán lugar en el presente mes de abril en los municipios de Cocorná, San Carlos y Nariño.
En el primer caso, el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras Itinerante de Tierras de Antioquia amparó el derecho a la restitución de José*, un antiguo militante del EPL quien luego de su desmovilización, en 1991, se radicó en el municipio de El Carmen de Viboral. En 1996 adquirió un predio de 6 hectáreas + 3.910 mts2 en la vereda La Trinidad, en la vecina localidad de Cocorná. Un año después comenzó su martirio.
En su intención de disputarle a la guerrilla el control de un importante tramo de la Autopista Medellín-Bogotá, los paramilitares al mando de Ramón Isaza declararon objetivo militar a todos los habitantes de las veredas colindantes con este corredor vial, entre ellas, La Trinidad. Los “paras” se enteraron del pasado de José, lo que le valió amenazas de muerte que lo obligaron a abandonar su tierra y radicarse en otro departamento.
Luego de dar a conocer su caso ante los abogados de la URT Antioquia, quienes le brindaron el acompañamiento judicial, el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras Itinerante de Antioquia amparó el derecho a la restitución de José. Además, el Juez ordenó priorizarlo para subsidio de vivienda e incluirlo en el programa de proyectos productivos de la Unidad.
De otro lado, este mismo despacho judicial decidió restituir a la familia Taborda un predio de 17 hectáreas + 3.444 mts2, ubicado en la vereda San Blas, municipio de San Carlos. Se trata de una familia de colonos que arribaron a esta región del oriente de Antioquia a mediados de los 70 y se instalaron en un pedazo de tierra baldía que, desde sus inicios, destinaron a labores agrícolas y ganaderas. Allí crecieron los hijos de la familia Taborda y vivieron tranquilos hasta la década de los 90, cuando el conflicto armado se recrudeció en este territorio.
La presencia de las guerrillas, primero, y de los grupos paramilitares después, generó varios episodios de desplazamientos forzados masivos en la vereda. Los Taborda abandonaron su tierra un par de veces y regresaron a ella con la esperanza de que la situación de orden público mejorara. Pero la intención de reclutar a uno de los hijos de la familia por parte de uno de los actores en conflicto llevó a la familia Taborda a abandonar su finca y malvenderla en 1996. Al valorar las pruebas presentadas por los abogados de la URT Antioquia, el Juez no solo accedió a las pretensiones de restitución de la familia solicitante; también le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras formalizar y adjudicar el predio en cuestión, además de priorizarlos para subsidio de vivienda y entrega de proyecto productivo.
El derecho a la restitución también cobijó a Fabio López*, campesino oriundo del municipio de Argelia quien, por cuenta de un desplazamiento forzado padecido a mediados de los años 80, se instaló en la vereda La Española de la vecina localidad de Nariño, ambas en el Oriente Antioqueño. Allí se casó y celebró una compra-venta por un predio de 17 hectáreas + 3.500 mts2, el cual trabajó y habitó hasta 2003. Su finca fue sembrada con minas antipersonas por parte de la guerrilla, en su intención de frenar el avance del Ejército.
Gracias a los procesos de desminado humanitario en este municipio y al acompañamiento brindado por los abogados de la URT Antioquia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras accedió a sus pretensiones de restitución, además de otorgarle otra serie de medidas complementarias para garantizar un retorno digno a su tierra.
Sin duda alguna, el Oriente Antioqueño, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en el departamento, es también el territorio donde más se han sentido la acción de la URT Antioquia. Desde la vigencia de la Ley 1448, los jueces de tierras han proferido 1.489 sentencias, que a su vez corresponde al 72 por ciento de todas las decisiones adoptadas por los despachos.
A su vez, la URT Antioquia ha invertido unos $20.723.465.410 en proyectos productivos en esta región, poco más del 70 por ciento de recursos destinados a los 105 municipios que atiende esta Dirección Territorial. Con lo anterior, la URT continúa fortaleciendo los procesos de transformación territorial y consolidación de la paz en el Oriente Antioqueño.