Esfuerzos conjuntos de Justicia y Unidad de Restitución para cumplirle a víctimas de abandono forzado y despojo de tierras
Durante un encuentro con jueces y magistrados especializados, la Unidad de Restitución de Tierras, en cabeza de su director general, Giovani Yule, socializó propuestas con las que se pretende acelerar la ejecución de esta política pública.
Medellín, 9 de diciembre de 2022 (@URestitucion) Medellín fue escenario de un encuentro clave en el que la institucionalidad ejecutiva y judicial propiciaron un ambiente positivo para concertar las reformas y acciones que permitan dotar a la política de restitución de tierras de los instrumentos necesarios; para avanzar con mayor celeridad, justicia y humanización.
Este espacio, liderado por la Escuela Rodrigo Lara Bonilla y el Consejo Superior de la Judicatura, permitió gestar un ambiente propicio para el fortalecimiento de la articulación institucional, en el que la Unidad de Restitución de Tierras pudo socializar sus nuevas estrategias, enfoques y diagnósticos sobre cómo se encuentra esta política a nivel nacional.
Entre los puntos prioritarios, el director general de la Unidad, Giovani Yule, señaló que urge transformar la normativa y la burocracia que hoy tiene más de 5 millones de hectáreas demandadas en los juzgados, pero sin una resolución pronta, que es lo que demandan las víctimas del conflicto. “Hay personas que han fallecido esperando su sentencia de restitución y eso va en contravía de toda dignidad y responsabilidad que tiene el Estado”, enfatizó.
Allí mismo, los jueces y magistrados elevaron diferentes consultas, con el fin de unificar criterios con la Unidad, al tiempo que expresaron la necesidad de trabajar conjuntamente en la calidad jurídica del proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, que busca restituir de manera más expedita a aquellas víctimas cuyo reclamo no tenga oposición.
En este escenario también se reiteró la necesidad de continuar afianzando la calidad del material probatorio allegado por la Unidad a los jueces, con el fin de generar sentencias más justas y acordes con los hechos victimizantes. Asimismo, se resaltó la urgente necesidad de fortalecer todo el engranaje institucional del posfallo, en aras de cumplirle a los beneficiarios de restitución que ya cuentan con sentencias de forma ágil, digna y que garanticen todos sus derechos.
El evento contó, además, con la representación de actores determinantes de la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional y la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, con su programa “Justicia Inclusiva”. Esta última entidad presentó dos investigaciones relacionadas con las calidades de los opositores en el proceso de restitución de tierras y la ruta étnica en etapa judicial.
“Este es un mensaje muy positivo que le estamos enviando al país, porque le estamos diciendo a los colombianos que toda la institucionalidad judicial se está unificando para imprimir un criterio de justicia social a la restitución de tierras, haciendo de esta una de las acciones más relevantes para la paz en los territorios”, concluyó el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule.