Juez Primero de Restitución de Tierras de Quibdó decretó medida cautelar que protege 586 familias indígenas Wounaan en Chocó
Una vez evaluadas las pruebas presentadas por la Unidad de Restitución de Tierras, la justicia decretó medida cautelar a favor de los resguardos Indígenas Puadó, La Lerma, Mataré y Terdó, así como La Unión – Chocó – San Cristóbal del pueblo Wounaan ubicados entre los municipios de Litoral de San Juan, Itsmina y Medio San Juan en el departamento chocoano. Se trata de la primera medida cautelar que se profiere en el gobierno del Presidente Gustavo Petro.
Quibdó, 2 de septiembrde 2022 (@URestitucion). Proteger el territorio e impartir medidas de seguridad humanitaria inmediatas para mitigar el riesgo de extinción por causa del conflicto armado de los resguardos indígenas Puadó, La Lerma, Mataré, Terdó y de la Unión -Chocó - San Cristóbal del pueblo Wounaan, es el propósito de la medida cautelar que decretó el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Quibdó, Chocó.
La medida cautelar es la primera decretada desde cuando Giovani Yule Zape asumió la Dirección General de la Unidad de Restitución de Tierras, por instrucción del presidente de la República, Gustavo Petro, y da cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Ley 4633 de 2011, así como a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
De esta forma, se convierte en la puerta para avanzar en la protección de los derechos del pueblo Wounaan ante el riesgo inminente de extinción que padece por la violencia. El proceso se encuentra en etapa administrativa y busca restablecer los derechos territoriales étnicos sobre más de 34.000 mil hectáreas.
Con la medida cautelar se ordena que, en un periodo perentorio no superior a dos meses, entidades como la Unidad Nacional de Protección, el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendaciones de Medidas, así como el Ministerio de Defensa Nacional, avancen en la realización de un estudio para determinar las condiciones de seguridad de los miembros, líderes y autoridades de los resguardos.
Además, se solicita al Programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA), del Alto Comisionado para la Paz, que se desarrollen acciones concretas y concertadas con la comunidad para mitigar riesgos y prevenir accidentes con minas y munición sin explotar.
Por su parte, la Gobernación del Chocó, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Istmina y la Alcaldía del Medio San Juan deberán implementar un plan para evitar el reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados e ilegales que operan en esta región.
También se destaca que la Unidad para las Víctimas en coordinación con la Gobernación de Chocó y las alcaldías municipales de Istmina y Medio San Juan deben liderar medidas inmediatas de restablecimiento y generación de oportunidades sostenibles de retorno bajo la garantía de los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad a favor de las 119 familias que se encuentran desplazadas del Resguardo Indígena de La Unión – Chocó – San Cristóbal y las 63 familias desplazadas del Resguardo La Lerma, Macedonia y Unión.
Es importante resaltar, que la Corte Constitucional emitió Auto 0004 de 2009 donde declara que el pueblo indígena Wounaan está en riesgo de extinción a causa del conflicto armado.
Este pronunciamiento reafirma la investigación que ha liderado la Unidad de Restitución de Tierras en pro de restablecer los derechos territoriales de esta comunidad del Chocó en la cual estableció que los homicidios, los reclutamientos, el desplazamiento, las imposiciones de normas, la estigmatización, el confinamiento y otras graves vulneraciones a los derechos Humanos han sido padecidas por el pueblo Wounaan en su territorio ancestral.
Lo anterior, se debe a que los actores armados ilegales vieron en las condiciones geográficas, la vulnerabilidad de las poblaciones, la precaria economía regional y el débil desarrollo institucional la oportunidad para emprender sus acciones ilícitas las cuales están enfocadas al transporte ilegal de armas y drogas, consolidando zonas de refugio, adiestramiento de tropas y promoviendo la extracción ilegal de recursos forestales, al tiempo que confinaron y diezmaron a la comunidad del pueblo Wounaan.
Al decretar la medida cautelar se avanza en el proceso de reparación integral de los derechos vulnerados del pueblo Wounaan agrupado en el Resguardo Puadó, La Lerma, Mataré y Terdó que reúne a 391 familias y quienes esperan recuperar 12.662 hectáreas, así como el Resguardo Indígena La Unión-Chocó-San Cristóbal, integrado por otras 195 familias, que igualmente buscan restablecer el derecho legítimo sobre 21.400 hectáreas.