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null Justicia admite demanda que busca restablecer 5.735 hectáreas a favor del Consejo Comunitario del Río Guajuí en Guapi, Cauca

Un total de 3.672 personas, integrantes del Consejo Comunitario del Río Guajuí, recuperaron la esperanza con la admisión de la demanda que presentó la Unidad de Restitución de Tierras ante el Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Popayán y con la que se espera restablecer los derechos territoriales sobre 5.735 hectáreas, ubicadas en zona rural del municipio de Guapi en el departamento del Cauca.

Un total de 3.672 personas, integrantes del Consejo Comunitario del Río Guajuí, recuperaron la esperanza con la admisión de la demanda que presentó la Unidad de Restitución de Tierras ante el Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Popayán y con la que se espera restablecer los derechos territoriales sobre 5.735 hectáreas, ubicadas en zona rural del municipio de Guapi en el departamento del Cauca.

 

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2021 (@URestitucion). El Juzgado Primero Civil especializado de Restitución de Tierras de Popayán admitió la demanda que presentó la Unidad de Restitución de Tierras y con la cual espera que el Consejo Comunitario del Río Guajuí recupere sus derechos territoriales sobre más de 5.735 hectáreas, ubicados en zona rural del municipio de Guapi, Cauca. 

Para Sally Mahecha, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, la admisión de la demanda reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con estas comunidades, en donde la entidad ha gestionado en total 95 demandas en todo el país para reparar los derechos territoriales de indígenas y afros. “El cumplimiento de todas las disposiciones de ley a la hora de presentar una demanda nos permite garantizar con oportunidad el proceso para restablecer los derechos territoriales de las comunidades étnicas”.

Con la decisión se avanza en el proceso para que se reconozca que esta comunidad ha sido víctima de desplazamiento forzado y simultáneamente de confinamiento recurrente por la incursión de grupos ilegales interesados en promover los cultivos de uso ilícito, el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal. 

Por su parte, la directora territorial, María del Mar Chaves, señaló que esta admisión abre paso a que la justicia analice las condiciones actuales de esta comunidad en la costa pacífica caucana y se viabilicen las pretensiones que la Unidad presentó en representación del consejo comunitario para la reparación de sus derechos.

“Este consejo comunitario está ubicado en el municipio de Guapi, que hace parte de la Subregión PDET Pacífico Medio y en el que se adelantan labores de articulación con las entidades del orden local y nacional para avanzar en el cumplimiento de los fallos y que sirve también como un escenario de alistamiento para la sentencia que se profiera próximamente”, agregó la funcionaria.

Las acciones de los violentos en la zona han sido evidentes con siembra de minas antipersona, la presencia en el territorio a través de campamentos temporales, enfrentamientos entre los actores armados, extorsiones, homicidios selectivos e intimidaciones con la que se ha visto afectada la pervivencia de esta comunidad, quienes por estos hechos ha sufrido afectaciones a su gobierno propio, la ruptura del tejido social, el quebrantamiento de las prácticas culturales, tanto religiosas como recreativas que se realizan de manera comunitaria en el territorio.

El trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras comenzó en el 2015 y finalizó, en una primera fase, con la radicación de la demanda el 18 de mayo de 2021. El trabajo articulado con la comunidad logró acunar las pruebas y construir el estudio de caracterización el cual es el soporte para presentar la demanda ante la justicia, la cual fue admitida, una vez la justicia corroboró que el documento presentado se ajusta a las disposiciones establecidas en la ley.

Dentro de las pretensiones presentadas por la Unidad de Restitución de Tierras como apoderada de la comunidad que integra el Consejo Comunitario del Río Guajuí en Guapi, Cauca, están, además, la de promover planes de fortalecimiento para el ejercicio del gobierno propio; poner en marcha el plan de retorno y reubicación e implementar medidas de protección colectiva.

Igualmente, se contempla liderar las operaciones de verificación de la actividad de minera ilegal; realizar acciones en contra de quienes emprendan acciones asociadas a la tala indiscriminada del bosque; implementar proyectos productivos acordes con el medio ambiente y finalmente, diseñar e implementar una estrategia para la reconstrucción, conservación y recuperación de la identidad cultural del Consejo Comunitario.