Hasta la fecha, más de 83 mil víctimas de abandono y despojo de tierras, no solo han podido retornar a sus hogares, sino que han recibido una reparación integral.
Bogotá, 10 de junio de 2022 (@URestitucion). Al cumplirse 11 años de la implementación de la Ley 1448 de 2011, la Unidad de Restitución de Tierras destaca los logros que ha tenido la política de restitución en su propósito de lograr que las víctimas de despojo y abandono forzado retornen a sus predios y sean reparados de manera integral. Cabe destacar que este es un proceso único en el mundo. Solo en Colombia la restitución va más allá de la entrega de un predio; también ofrece garantías de sostenibilidad como vivienda, pago de deudas o alivio de pasivos, la implementación de un proyecto productivo, entre otros beneficios. Esto ha servido de ejemplo para que otros países como Kenia, implementen este mismo modelo.
El avance más importante ha sido la prórroga de la Ley hasta el 2031, con lo cual se busca alcanzar la meta de restituir más de 5 millones de hectáreas de tierra despojada, recibir solicitudes por nueve años más y cumplir la totalidad de las órdenes de las sentencias proferidas por los Jueces y Magistrados de Restitución de Tierras.
Cabe destacar que, durante la vigencia de la Ley, se han recibido 138.958 solicitudes de restitución de tierras, de las cuales, 18.882 corresponden a los últimos cuatro años. Desde el 2011, la Unidad ha presentado 18.016 demandas, de las que los jueces han emitido 7.169 sentencias que benefician a 83.014 personas, entre campesinos y comunidades étnicas. Esto equivale a 552.639 hectáreas con sentencias de restitución.
Así mismo, durante los últimos cuatro años, la Unidad avanzó en temas como la aplicación del enfoque de género, implementando la doble titulación en las sentencias; otorgándole derechos a la mujer sobre su predio y brindándole apoyo a través de la creación de los núcleos de exigibilidad de derechos de las mujeres, mediante los cuales adquieren herramientas para la defensa y reclamación de sus derechos. Hasta la fecha, 17.523 mujeres han sido beneficiadas por sentencias de restitución.
Otro de las grandes apuestas de este Gobierno es lo que tiene que ver con la atención a comunidades étnicas; en 2018 se identificó el gran rezago que tenía la restitución para esta población y se estableció un plan de trabajo para avanzar y reconocer sus derechos. El 83% del trabajo que se ha adelantado por estas comunidades en 11 años se llevó a cabo en esta administración. Durante los últimos cuatro años, se radicaron 169 de las 200 demandas presentadas ante los jueces y magistrados de restitución de tierras durante la totalidad de la vigencia de la Ley. Esto representa la reclamación de los derechos territoriales sobre 3’481.286 hectáreas que beneficiarían a 55.843 familias indígenas y afrodescendientes.
En los 11 años de Ley la experiencia ha dejado buenos resultados; sólo hace algunos años se comenzó a entender que este no era un proceso blanco y negro de víctimas y victimarios. Por eso, para los ocupantes de esos predios o terceros, establecimos una Guía de Terceros que permite otorgar garantías al debido proceso, definir lineamientos para la atención a terceros para que los jueces cuenten con la información actualizada y puedan resolver las demandas con mayor claridad.
La implementación de la demanda electrónica también es uno de los grandes avances en la restitución. Esta fue implementada durante el 2020 y ha permitido agilizar los trámites judiciales, reducir los tiempos de radicación, además de optimizar recursos. Hasta la fecha, la Unidad ha presentado 7.459 demandas vía electrónica.
Por otra parte, en lo social se destaca la implementación de la estrategia de complemento generacional, con el fin de influir de manera positiva en la sostenibilidad del proceso de restitución de tierras, impulsando a los jóvenes a construir sus proyectos de vida con enfoque rural.
Frente a los retos que enfrenta la política de restitución de tierras se destacan la importancia de realizar una sinergia de las instituciones del Estado para que el desarrollo rural sea una realidad; aunado a ello, el diseño de un mecanismo de eficiencia del gasto público para implementar las medidas de cumplimiento de órdenes incluidas en las sentencias de restitución, así como el diseño e implementación de un documento que dé lineamientos sobre las solicitudes en las zonas que no han podido ser no microfocalizadas, principalmente por falta de garantías de seguridad.
Los logros alcanzados por la Unidad, especialmente durante los últimos cuatro años son la evidencia del compromiso de la entidad y de cada uno de sus colaboradores con los procesos de restitución que buscan, no solo devolver la tierra a sus propietarios, sino también transformar la vida de las víctimas de despojo y abandono de tierras y sus familias.