La Dirección Territorial del Magdalena Medio realizó tres nuevas entregas de predios a familias beneficiadas con sentencias de restitución, con lo que se completan 22 en lo corrido del año. En este caso, la decisión fue del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta que las reconoce como víctimas, restableciendo sus derechos sobre la tierra.
Bucaramanga, Santander, 09 de marzo de 2021 (@URestitucion). Una madre cabeza de hogar y sus hijos, quienes fueron desplazados en 1997 en Sabana de Torres, Santander; una familia de cinco miembros quienes abandonaron su finca en el año 1995 por amenazas recibidas por cuenta de un grupo paramilitar en San Alberto, Cesar; y una familia de San Vicente de Chucurí, que fue obligada en el año 2004 a vender su predio por un precio inferior, fueron las tres familias a quienes se les hizo entrega material de sus predios.
Estas familias salieron desplazadas en la década de los noventa por la violencia generada por paramilitares y ELN. Tras la estabilización de los territorios e iniciar el proceso de restitución de tierras, el juez especializado hizo efectiva la orden de entrega material y jurídica de los predios a estas familias que lograron demostrar su calidad como víctimas. Hoy pueden regresar con insumos y recursos para que inicien proyectos productivos que les devuelva su bienestar.
La directora encargada de la Territorial, Adriana Trujillo, explicó que “hemos venido cumpliendo con las sentencias de restitución de tierras y para ello nos hemos articulado con la Fuerza Pública y órganos de control, ya son 22 familias las que en lo corrido de este año ya gozan de sus predios y ahora los vamos a acompañar en sus proyectos productivos para una restitución sostenible”.
El objetivo de este Gobierno ha sido cumplirle a las víctimas. Es una tarea tan inmensa que la vigencia de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras que caducaba este año, a sus diez años, debió ser ampliada otra década más. Por eso la Unidad de Restitución de Tierras continuará articulada con la rama judicial y las demás entidades del Estado para cumplir las órdenes de restitución y reparar integralmente a las víctimas.