La Unidad de Restitución de Tierras rindió cuentas sobre su gestión en la vigencia 2020. Un año inédito caracterizado por la incidencia del Covid-19, pero también con resultados históricos en favor de las víctimas de la violencia en Colombia.
San Carlos, Antioquia 25 de junio de 2021 (@URestitucion). La Unidad de Restitución de Tierras llevó a cabo su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 – vigencia 2020, un año que a pesar de los retos de la pandemia continuó cumpliéndoles a las víctimas.
El escenario elegido fue el predio La Vega, donde Claridel Galeano y su familia ya completan seis años de haber sido restituidos y ya cuentan con un próspero proyecto productivo de piscicultura. Este predio se encuentra en el municipio de San Carlos, Antioquia en donde la consolidación territorial ha ido de la mano de la restitución de tierras. En esta localidad, donde han sido resueltas más de 1.700 solicitudes, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, socializó junto con su equipo directivo las acciones que vienen contribuyendo decididamente a la política de Paz con Legalidad.
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas comenzó reiterando la solidaridad y el llamado para que la ciudadanía suministre cualquier información que pueda tener de la comisión de la Unidad que completa más de un mes desaparecida en el municipio de Mesetas, Meta.
Un resultado sobresaliente es la llegada de la restitución a nuevos municipios en Colombia, especialmente a los que se encuentran en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). De acuerdo con el director general, Andrés Castro, “durante esta administración llegamos a más del 80% del territorio colombiano. Son 189 nuevas zonas, de esas 86 fueron durante 2020 destacándose las zonas PDET como Alto Patía; Bajo cauca; Catatumbo; Cuenca del Caguán; La Macarena; Sur de Bolívar; Sur de Córdoba; Sur de Tolima, entre otros”.
Posteriormente, la directora territorial Antioquia, Eliana Jaramillo, entregó la noticia de que recientemente fueron avalados por la Fuerza Pública los municipios PDET de Ituango y Anorí, donde este año se iniciarán labores de restitución de tierras.
Otro de los aspectos más destacados fue la implementación de la demanda electrónica en articulación con el Consejo Superior de la Judicatura. En total fueron 4.224 solicitudes presentadas en 2020, de las cuales el 71% fueron a través de este mecanismo digital que optimiza tiempo y recursos. “El mensaje es claro: la restitución no se detuvo”, resaltó el Director.
Por su parte, Marcela Morales, subdirectora general de la Unidad, destacó que la política de restitución de tierras sigue siendo un emblema de esperanza: 51% de las solicitudes que llegaron durante 2020 provinieron de territorios PDET.
En lo correspondiente a la etapa administrativa del proceso de restitución, Morales destacó que fueron inscritas 1969 solicitudes en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en lo referente a la ruta individual, mientras que en la ruta colectiva o étnica se logró realizar la inscripción de 831.387 hectáreas en el Registro (el más alto de la historia). “Con la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por 10 años más, el objetivo central será cumplirle a todos nuestros solicitantes”, completó el director general Andrés Castro.
En cuanto a la etapa judicial, adicional a lo ya señalado en cuanto a la presentación de una cifra histórica de demandas, es importante decir que durante 2020 fueron emitidas 539 sentencias de restitución, beneficiando a 2.196 personas. Asimismo, en materia étnica fueron protegidos con medidas cautelares 23 territorios colectivos, fueron radicadas el 50% de todas las demandas étnicas en la vigencia de la Ley y nació la estrategia Manos Ancestrales. Finalmente, un dato no menos relevante, es que aumentó en un 40% la productividad de la gestión de la entidad para atender a estas comunidades indígenas y afrocolombianas en comparación con el periodo 2011-2019.