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Después de un proceso en el que la URT gestionó la demanda de la familia Aguirre Jiménez, el Tribunal Superior de Cartagena ordenó la restitución de la parcela Santa Fe a estas víctimas, que además recibirán un proyecto productivo, así como el alivio de pasivos y un subsidio para vivienda.

Después de un proceso en el que la URT gestionó la demanda de la familia Aguirre Jiménez, el Tribunal Superior de Cartagena ordenó la restitución de la parcela Santa Fe a estas víctimas, que además recibirán un proyecto productivo, así como el alivio de pasivos y un subsidio para vivienda.

 

Valledupar, 15 de abril de 2024 (@URestitucion). En 1996 el señor Aguirre, un trabajador del campo cesarense, su esposa y cuatro hijas menores de edad, se vieron forzados a vender de urgencia, y por un precio irrisorio, su parcela de más de 23 hectáreas en la vereda El Yucal, zona rural del municipio de Astrea en el centro del Cesar.

La salida intempestiva de la familia a otro territorio se dio por los paramilitares, que amenazaron de muerte a Aguirre. Este venía siendo extorsionado desde 1995, un año después de la adjudicación de ‘Santa Fe’, su predio, legalizado en 1994 por parte del entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).

Hombre de vocación campesina, nació en El Banco (Magdalena). Desde 1970, a la edad de 12 años, se asentó junto a sus padres en Arjona, uno de los corregimientos de Astrea, lugar en el que la familia se dedicó principalmente a labores del campo. Desde joven, Jorge Aguirre apoyó a sus progenitores en las actividades agrícolas y ganaderas, algo que combinó con estudios técnicos de Electricidad y Soldadura en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Tiempo después, esta formación le fue útil, justo en el momento en que la vida le cambió y no para bien.

Muchos años después, en 1996, la vida adulta de Aguirre junto a su familia transcurría con ciertas limitaciones. Estaba ya casado con otra banqueña, Emily Esther Jiménez, con quien trabajó la tierra y la cría de animales en la finca ‘Santa Fe’. Así, con sacrificio y empeño, durante dos años logró beneficiarse de la producción de leche y carne vacuna, además de criar más de medio centenar de cabezas de ganado ovino (chivos, carneros y ovejas), actividad que le representaba los medios suficientes para vivir junto a su esposa y cuatro hijas.

Tras adquirir ‘Santa Fe’, la felicidad solo le duró a la familia esos dos años. En 1996, un año en el que recrudece el conflicto armado interno en Colombia, Astrea, centro del Cesar, se convirtió en un municipio estratégico para el paramilitarismo. La ubicación del pueblo, su cercanía al corredor minero y el miedo sembrado en la población, se convirtieron en fortalezas criminales para los grupos al margen de la ley, que ejercieron dominio en esta parte de la región Caribe.

Este hogar de vida y trabajo de los Aguirre Jiménez, junto a las demás tierras de la parcelación ‘La Unión’ en la vereda El Yucal, eran lugar de tránsito constante para los paramilitares, que muy cerca al sector montaron un centro de operaciones. Se trató de un cruento espacio para el desarrollo y planificación de actos violentos contra la vida y bienes de las personas de Astrea y zonas vecinas.

Poco después, hombres al mando del 'comandante Yimmy' amenazaron de muerte a Aguirre. La delación de los planes macabros del grupo armado por parte de un joven conocido de Aguirre, le hicieron trastear a su familia y, en medio de la desesperación, vender su propiedad por dos millones de pesos.

"Vendí en un precio obligado porque me iban a matar. En otras circunstancias, jamás hubiese negociado por menos de 80 millones de pesos", comenta Aguirre con la mirada fija en el pasado, al recordar con nostalgia que ese mismo adolescente de 17 años que le salvó la vida, meses después fue vejado, torturado en plaza pública y luego asesinado por los paramilitares.

El terror causado por múltiples masacres en sitios cercanos obligó a Aguirre a vender el predio ‘Santa Fe’ y, con esto, los sueños de un buen vivir en el campo. En medio de una lúgubre noche, se marchó junto a su esposa e hijas. Su destino era Nueva Granada, un municipio del departamento de Magdalena que se convirtió en el hogar provisional de la familia. En esta tierra donde la calma imperaba -a diferencia de la conmocionada Astrea-, Aguirre se dedicó a trabajos menores de electricidad y soldadura. Con esta labor sostuvo a sus familiares, hasta que decidieron mudarse a Valledupar en 1998.

En la capital del Cesar, sus hijas culminaron estudios de bachillerato e iniciaron la universidad. Esta familia víctima del conflicto había dejado por completo la vocación campesina que llevaba en la vereda El Yucal. De ‘Santa Fe’, solo quedaba el recuerdo de lo perdido, el dolor del abandono y las palabras e imágenes de la guerra. Sin esperanza de recuperar la tierra, Aguirre se adaptó con limitaciones a la vida en la ciudad vallenata. Las hijas crecieron y la familia lo hizo a ese ritmo, primero esposos y luego nietos.

En 2016, casi dos décadas después de su mudanza a Valledupar, Aguirre conoce de la Unidad de Restitución de Tierras. Un amigo le comentó sobre “una oficina del Gobierno que le devolvía la tierra a los campesinos, víctimas”. Con esa idea confusa fue atendido en la oficina de Valledupar, donde funciona la Dirección Territorial Cesar y La Guajira, sede en la que recibió orientación sobre la ruta individual a partir de la Ley 1448 de 2011.

Siete años después de inscrita su solicitud en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, y tras finalizar las etapas administrativa y judicial de su caso, Aguirre y su esposa Emilia Esther fueron notificados de la sentencia emitida a su favor por el Tribunal Superior de Cartagena, instancia que decidió restituir ‘Santa Fe’ a sus dueños originales.

Finalmente, en abril de 2024 se dio la entrega material del predio. A zona rural de Astrea regresó Aguirre, con felicidad en el rostro. Volvió al mismo lugar del que, obligado por las circunstancias, emigró tras la venta forzada para no ser un número más en la larga lista de asesinatos o desapariciones que dejó la guerra en Colombia.

Hoy, a sus 67 años, Aguirre asegura que no posee la misma energía de 1994, cuando el Gobierno le había adjudicado Santa Fe. Sin embargo, declara no haber perdido nunca el amor por la tierra, a pesar de lo sufrido, y menos las ganas de volver al campo, donde tuvo todo lo que siempre quiso: su ganado, su vida campesina y los medios para criar y ver crecer a sus familiares.